El presidente electo de Colombia advirtió que no ofrecerá concesiones a organizaciones ilegales y anunció una estrategia centrada en el sometimiento al Estado.
El ultimátum fijado por Abelardo de la Espriella puso la seguridad en el centro de la transición presidencial colombiana. Tras recibir su credencial como presidente electo, el abogado dirigió un mensaje directo a organizaciones armadas ilegales. La advertencia quedó formulada en una frase central de su discurso tras la acreditación: «A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho».
La credencial presidencial fue entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá, el 25 de junio de 2026. El organismo confirmó su victoria en la segunda vuelta del 21 de junio, con 12.960.166 votos frente a 12.708.312 de Iván Cepeda.
Grupos armados y control territorial
Colombia arrastra un conflicto armado con guerrillas, disidencias y redes criminales que disputan territorios, rutas ilícitas y control social. Entre esas estructuras figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo.
Después del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, varias facciones rechazaron o abandonaron el proceso. Esas disidencias se expandieron en zonas rurales donde la presencia estatal sigue limitada, especialmente en corredores de narcotráfico y economías ilegales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que 2025 dejó las consecuencias humanitarias más graves de la última década. Su informe mencionó desplazamientos, confinamientos, desapariciones y afectaciones por explosivos como parte del deterioro del conflicto.
Los grupos armados ilegales superaban 27.000 integrantes al cierre de 2025. La cifra representó un crecimiento de 23,5% frente al año anterior, según información de la Fundación Ideas para la Paz.
Cambio frente a la Paz Total
El mensaje de De la Espriella marca distancia frente a la Paz Total, política del gobierno saliente de Gustavo Petro. La Ley 2272 de 2022 dio marco a ese esquema, que también creó el servicio social para la paz. Las mesas incluyeron contactos con el Ejército de Liberación Nacional y estructuras urbanas en Medellín y Valle de Aburrá. Varios diálogos quedaron sin acuerdos definitivos, mientras la violencia continuó afectando a población civil y fuerza pública.
Durante su intervención, el presidente electo afirmó que no ofrecerá beneficios amplios a quienes continúen en actividades ilegales. En ese mensaje, De la Espriella también fijó el tono de su política de seguridad. «En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin.»
También aseguró garantías para la oposición dentro de la Constitución y la ley: «Seré el presidente de todos los colombianos». La agenda anunciada combina sometimiento judicial, persecución penal y presencia territorial permanente bajo mando estatal.
La campaña también planteó aumentar el pie de fuerza policial, usar tecnología de vigilancia y sumar apoyo de reservas y veteranos. El plazo de un mes deja a guerrillas, disidencias y redes criminales ante una definición jurídica bajo el nuevo gobierno.
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