El máximo tribunal declaró inconstitucional la orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estancia temporal.
La ciudadanía por nacimiento seguirá vigente en Estados Unidos después de que la Corte Suprema rechazara la orden ejecutiva con la cual Donald Trump buscaba restringir ese derecho. El fallo representa un revés para el Gobierno republicano y sostiene una regla constitucional clave para millones de familias.
Este martes 30 de junio, el Supremo resolvió el caso con seis votos contra tres. La mayoría del tribunal declaró inconstitucional el decreto presidencial que pretendía negar el reconocimiento automático de ciudadanía a hijos de inmigrantes en situación irregular o de personas con permanencia temporal en el país.
Trump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, en el primer día de su regreso a la Casa Blanca. La medida ordenaba a agencias federales limitar el acceso a la ciudadanía para recién nacidos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
La directiva nunca entró en vigor. Tres tribunales federales frenaron su aplicación tras demandas presentadas contra el Gobierno, y el caso llegó después al máximo tribunal. La medida podía afectar el estatus legal de hasta 250.000 bebés por año y obligar a familias a presentar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos recién nacidos.
La promesa constitucional que sostuvo la mayoría
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria en una sentencia de 194 páginas. En su razonamiento, sostuvo la vigencia del principio constitucional incorporado tras la Guerra de Secesión (1861-1865).
«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores [de esa enmienda] ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa», escribió Roberts.
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch quedaron en minoría. Brett Kavanaugh, también integrante del bloque conservador, se sumó a la mayoría, aunque fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución.
El centro del debate migratorio
La controversia giró alrededor de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868. Su texto establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen».
Esa cláusula fue adoptada después de la abolición de la esclavitud y buscó garantizar ciudadanía a personas nacidas en el país, incluidos los descendientes de personas esclavizadas. En 1898, el caso United States v. Wong Kim Ark fijó una interpretación amplia del derecho de suelo, aplicada desde entonces a la mayoría de quienes nacen en territorio estadounidense.
Wong Kim Ark nació en San Francisco, California, en 1873, de padres que eran ciudadanos chinos con residencia permanente en los Estados Unidos. En aquella época, bajo las leyes de la Ley de Exclusión China (Chinese Exclusion Act), los inmigrantes chinos tenían prohibido naturalizarse como ciudadanos estadounidenses.
En una resolución de 6 votos contra 2, el Tribunal Supremo falló a favor de Wong Kim Ark el 28 de marzo de 1898. La corte determinó que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se aplica universalmente.
Una audiencia con presión política
Trump asistió personalmente a los alegatos de abril, un gesto sin precedentes para un presidente en funciones en un caso ante la Corte Suprema. No permaneció hasta el final de la sesión y dejó la sala tras la exposición del abogado del Gobierno, John Sauer. El presidente se retiró para evitar escuchar la exposición de la parte contraria (la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU).
Durante esa audiencia, Roberts descartó el argumento de cambiar la regla por el contexto global actual. «Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma», sostuvo el presidente del tribunal.
Después de la vista, Trump expresó su rechazo en Truth Social. «Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir el derecho de ciudadanía por nacimiento», escribió.
Qué cambia tras la sentencia
El fallo deja sin efecto la orden ejecutiva y mantiene la ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense, sin depender del estatus migratorio de sus padres. Las excepciones continúan limitadas a casos específicos, como hijos de diplomáticos extranjeros. Además, expertos legales señalan que la decisión refuerza la estabilidad jurídica en materia migratoria y evita cambios abruptos que podrían afectar a miles de familias en el país.
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