La gobernadora confirmó que la aeronave fue adquirida en 2023 mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; opositores cuestionan falta de transparencia y uso del avión.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó la compra de un jet de uso oficial con un costo de 7.6 millones de pesos, una adquisición que ha generado cuestionamientos por la falta de información pública sobre su uso y por darse a conocer casi tres años después de concretarse.
La aeronave, un Learjet 31-A modelo 2000, fue adquirida en julio de 2023 a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo federal encargado de subastar bienes decomisados o administrados por el Estado. De acuerdo con la mandataria, el avión perteneció previamente a la Secretaría de Marina.
La compra se hizo pública en medio de críticas por temas de seguridad, servicios de salud y abasto de medicamentos en la entidad, además de cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos.
Al ser cuestionada sobre la adquisición, Marina del Pilar defendió la decisión y sostuvo que el tamaño territorial de Baja California hace necesario contar con medios de traslado ágiles para funcionarios estatales.
“Yo soy una gobernadora de territorio y ese avión es utilizado justamente para los traslados del gabinete y del equipo del Gobierno del Estado para que nos encontremos en todos los rincones de Baja California”, declaró.
La gobernadora argumentó además que el valor comercial de una aeronave de esas características ronda aproximadamente el millón de dólares, por lo que, aseguró, la adquisición representó una compra favorable para el estado al realizarse mediante el INDEP.
Sin embargo, la operación ha sido cuestionada debido a que no fue difundida públicamente en el momento de la compra y se conoció hasta mayo de 2026. También se han señalado vacíos sobre los registros de uso, itinerarios y pasajeros de la aeronave.
Reportes periodísticos y actores políticos locales han pedido transparentar los vuelos realizados, luego de versiones sobre presuntos viajes hacia Estados Unidos, información que hasta ahora no ha sido detallada oficialmente por el gobierno estatal.
La controversia ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto público y el uso de recursos gubernamentales en diversas entidades del país, especialmente en adquisiciones relacionadas con movilidad y transporte de funcionarios.
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