Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad volvió a colocar bajo escrutinio al entorno familiar del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de documentar contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con sus hijos por varios millones de pesos.
De acuerdo con el reporte, compañías relacionadas con integrantes de la familia Rocha habrían recibido adjudicaciones y pedidos provenientes de dependencias estatales ligadas principalmente al sector salud y asistencia social en Sinaloa.
La investigación señala que José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor del mandatario estatal, obtuvo contratos superiores a 11 millones de pesos para el suministro de productos y servicios destinados al DIF Sinaloa y otras áreas gubernamentales vinculadas con salud pública.
El caso generó cuestionamientos debido a que algunos de los contratos habrían sido autorizados o firmados por funcionarios con presuntos vínculos cercanos con la familia del gobernador.
Entre ellos aparece Eduardo Aguirre Medina, director administrativo del Sector Salud estatal, quien —según la publicación— figura además como socio de Ricardo Rocha Ruiz, otro de los hijos del mandatario, en al menos dos empresas relacionadas con el entorno familiar.
La investigación también menciona la participación de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa y hermana de José Jesús Rocha Ruiz, quien habría autorizado uno de los contratos señalados en el reporte.
Estos elementos han provocado señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos dentro de la administración estatal.
Según el documento difundido por MCCI, las operaciones y contratos relacionados con empresas y socios vinculados a los hijos de Rocha Moya sumarían aproximadamente 15 millones de pesos únicamente en tres dependencias gubernamentales analizadas.
La publicación también retoma señalamientos previos hechos desde 2023 contra la empresa “Chocosa S.A.”, identificada como cercana a la familia Rocha y que, de acuerdo con investigaciones periodísticas anteriores, habría acumulado contratos superiores a 700 millones de pesos durante la actual administración estatal.
No obstante, el reporte sostiene que esos convenios no fueron investigados a profundidad por las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, ni Morena ni las dependencias estatales mencionadas han emitido una postura oficial respecto a los señalamientos difundidos por la organización civil.
El caso surge en un contexto de creciente presión política sobre figuras vinculadas al gobierno de Sinaloa, particularmente en medio de investigaciones y versiones periodísticas relacionadas con presuntos nexos de actores políticos con estructuras criminales en el estado.
Aunque la investigación documenta relaciones empresariales y adjudicaciones públicas, hasta ahora no se han presentado acusaciones judiciales formales contra los familiares del gobernador sinaloense.
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