Madre e hija, integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, fueron atacadas a balazos en Salamanca; la Fiscalía investiga el caso como doble feminicidio.
En el municipio de Salamanca, Guanajuato, fueron asesinadas Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en un ataque armado registrado la tarde del sábado 9 de mayo en la colonia 18 de Marzo.
De acuerdo con los primeros reportes, madre e hija viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra de manera directa. El ataque ocurrió en plena vía pública, lo que generó alarma entre vecinos de la zona, quienes reportaron múltiples detonaciones al número de emergencias.
Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio tras el reporte ciudadano; sin embargo, al arribar confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego.
Las víctimas eran conocidas por su participación activa en labores de búsqueda de personas desaparecidas dentro del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, uno de los grupos ciudadanos que han surgido en la entidad ante la crisis de desapariciones en el estado.
Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, al tratarse de dos mujeres asesinadas en circunstancias violentas.
La autoridad ministerial señaló que desde el inicio de las indagatorias se desplegaron equipos especializados de investigación criminal, peritos y agentes del Ministerio Público, quienes realizan trabajos de campo, análisis de información e inteligencia operativa para identificar a los responsables del ataque.
Asimismo, la Fiscalía indicó que el esclarecimiento del caso y la detención de los agresores es una prioridad institucional, por lo que se mantiene un seguimiento permanente de las líneas de investigación abiertas.
El caso ha generado reacciones entre colectivos de búsqueda y actores sociales, quienes han exigido justicia y garantías de seguridad para las personas que integran estos grupos, que continúan labores de localización de personas desaparecidas en distintas regiones del país.
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