La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York imputó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios actuales y exservidores públicos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir a territorio estadounidense grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; así como mandos y exmandos de seguridad estatal y municipal.
La imputación sostiene que Rocha Moya habría llegado al Gobierno de Sinaloa en 2021 con apoyo de Los Chapitos, vinculados a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Según fiscales, ese respaldo habría incluido secuestro e intimidación de adversarios políticos.
Los cargos contra el Mandatario estatal incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de otros delitos relacionados. En caso de ser declarado culpable, enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
CUESTIONA SRE PRUEBAS
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero advirtió que los documentos enviados por Estados Unidos no contienen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados.
La Cancillería indicó que turnará el caso a la Fiscalía General de la República para revisar si existen pruebas conforme al marco legal mexicano, y anunció el envío de una carta de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos en México por la difusión del caso.
RECHAZA ROCHA SEÑALAMIENTOS
En respuesta, Rocha Moya negó los cargos y aseguró que demostrará que carecen de sustento. Además, vinculó la acusación con un ataque político contra Morena.
Por su parte, la Embajada estadounidense respaldó la imputación y reiteró que ambos países comparten la prioridad de combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional.
El embajador Ronald Johnson afirmó que cualquier acto de corrupción que facilite operaciones criminales será investigado y procesado bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
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