Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos implementó una campaña preventiva en los Centros de Reinserción Social (CRS) y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), dirigida a familiares y amistades de Personas Privadas de la Libertad (PPL), para advertir que el ingreso ilegal de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos constituye un delito que se castiga con prisión.
La campaña consiste en la colocación de lonas informativas en el exterior de los cinco centros penitenciarios del estado y del CEMPLA, donde se detalla el contenido de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 28 de noviembre de 2025. En su artículo 23, la norma establece penas de seis a doce años de prisión y multas económicas para quien introduzca o intente introducir dispositivos que permitan la transmisión de datos, voz, imágenes o geolocalización sin autorización.
Autoridades penitenciarias señalaron que esta medida busca reducir los delitos de extorsión que se cometen desde centros de reclusión, así como reforzar la corresponsabilidad de quienes acuden a las visitas familiares, al dejar claro que estas conductas tienen consecuencias penales.
Como antecedente, la SSPC recordó que el pasado 27 de diciembre, durante una revisión en el CERESO Varonil Morelos, en Atlacholoaya, custodios detectaron a una mujer que ocultaba dos teléfonos celulares. La persona, identificada como María Elena “N”, fue detenida, vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, con un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
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