A siete años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, un juez absolvió al único imputado por el homicidio, lo que mantiene en la impunidad el caso y vivas las críticas sobre las irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.
El abogado Juan Carlos Flores, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y el Aire, explicó en entrevista que el fallo judicial fue emitido el pasado viernes y pone fin al juicio contra Javier “N”, señalado como presunto autor material del asesinato.
“El día viernes se le absolvió a Javier N. como responsable del delito de homicidio material de nuestro compañero Samir Flores. El proceso, pues el juicio, ha terminado”, expresó el litigante.
La defensa de la víctima sostiene que la absolución confirma lo que el Frente denunció desde el homicidio: una investigación plagada de inconsistencias y con elementos que, a su juicio, fueron fabricados.
“Llegó al juicio con muchas irregularidades, con un montaje del (ex) Fiscal General Uriel Carmona al decir que acababan de detener al responsable, cuando él ya estaba de por sí en la cárcel”, afirmó el representante.
Durante el proceso judicial, varios de los elementos que sostenían la acusación fueron desestimados por el propio tribunal, añadió, particularmente los testimonios considerados clave en la integración de carpeta de investigación del caso.
“No solamente es la absolución de esta persona, sino el desestimamiento de las pruebas principales que sostenían el caso de la Fiscalía de Morelos”, explicó.
Según el Frente, la investigación se sustentaba en tres testimonios de supuestos testigos: Dos de ellos fueron asesinados y el tercero permanece desaparecido.
“Estamos hablando de tres principales testigos: dos que están asesinados y uno que está desaparecido”, señaló Juan Carlos Flores.
Uno de los casos señalados por la defensa corresponde a un taxista que rindió declaración como testigo mientras su familia lo buscaba como persona desaparecida.
De acuerdo con el abogado del Frente, el hombre habría estado bajo control de la propia FGE en el periodo en que se reportó su desaparición.
“Cuando le levantan su declaración, su familia lo había reportado como desaparecido. Eso quiere decir que la Fiscalía lo tenía en sus manos para tomar su testimonio”, afirmó Flores.
El caso presenta además inconsistencias documentales, pues la denuncia por desaparición habría sido registrada, pero la carpeta correspondiente no aparece en los archivos de la Fiscalía estatal.
“Nos dijeron que tenían el registro de la denuncia, pero la carpeta está extraviada, no la encontramos”, explicó el abogado.
Hasta la fecha, el testigo continúa desaparecido.
Otro de los testimonios clave fue el de un albañil que supuestamente habría escuchado a varias personas planear el asesinato del activista.
Sin embargo, durante el juicio se cuestionó la forma en que los agentes ministeriales obtuvieron esa declaración, aparentemente de forma fortuita.
Las contradicciones también alcanzaron a los propios policías ministeriales que recabaron las declaraciones.
“Ambos agentes ministeriales se mostraron nerviosos y contradictorios al rendir su testimonio”, afirmó Flores.
Ahora, tras evidenciar las inconsistencias durante el juicio, el Frente solicitó que se investigue penalmente a los agentes ministeriales que participaron en la integración de la carpeta.
El juez determinó dar vista al Ministerio Público Federal por posibles falsos testimonios.
“Le pedimos al juez que diera vista al Ministerio Público Federal para que sean investigados por falsedad de declaraciones en juicio”, explicó el abogado.
Sin embargo, el Frente considera que la investigación debe ir más allá de los agentes ministeriales y alcanzar a todos los funcionarios involucrados en el caso.
Para los activistas y su abogado, la revisión del caso debe incluir a mandos de la Fiscalía estatal y al entonces titular de la institución.
“Se tiene que investigar a todos los que participaron en este asunto”, señaló Juan Carlos Flores.
Entre los nombres mencionados por el Frente se encuentra el del ex Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien encabezaba la institución cuando se integró la investigación.
El asesinato de Samir Flores ocurrió en febrero de 2019, en el contexto de la oposición al Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la operación de una central termoeléctrica de ciclo combinado, en la comunidad de Huexca.
A siete años del crimen, la absolución del único acusado deja el caso nuevamente sin responsables judiciales.
“Completamente, el caso está impune a siete años”, afirmó el abogado.
Para el Frente, el proceso ha evidenciado una red de complicidades que, sostienen, ha impedido esclarecer el homicidio.
“Se vislumbra toda la complicidad que se ha mantenido por parte del Estado para que no se descubra la verdad”, sostuvo Flores.
El movimiento insiste en que la investigación debe retomar líneas que, aseguran, nunca fueron seguidas por la Fiscalía.
“La investigación no está en ceros. Hay una línea muy clara de dónde investigar, lo que no ha avanzado es la Fiscalía en seguir ese camino”, concluyó.
