La posibilidad de tener una vivienda propia sigue siendo un privilegio en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI, 4 de cada 10 familias mexicanas no cuentan con una vivienda de su propiedad y para las familias más pobres, la renta consume hasta el 32.6% de su ingreso mensual.
El problema se agrava para quienes menos ganan: el 80% de las familias con ingresos más bajos no tiene acceso a una casa propia y, en muchos casos, ni siquiera pueden aspirar a una hipoteca. De hecho, en todos los deciles de ingreso —excepto el más alto— es más común pagar renta que pagar una hipoteca.
Según los datos, 6.3 millones de hogares mexicanos viven en renta, mientras que sólo 3.7 millones están pagando una casa propia a crédito. Entre los más pobres, el gasto en renta supera por mucho al gasto que podrían destinar a un crédito hipotecario, lo que refleja una profunda desigualdad en el acceso a vivienda digna.
La ENIGH también destaca otros factores que influyen en la calidad de vida, como el acceso a servicios básicos (agua, luz, drenaje), el material de construcción de la vivienda, el grado de hacinamiento y el número de personas que la habitan.
Para organismos internacionales como la ONU, la tenencia segura de una vivienda es uno de los elementos clave para definir una “vivienda adecuada” y forma parte del derecho a un nivel de vida digno, consagrado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, en México la vivienda adecuada sigue estando fuera del alcance para millones, profundizando la brecha de desigualdad y precariedad habitacional en amplios sectores de la población.
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