El gobierno federal de Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra las denominadas “ciudades santuario”, mediante una serie de demandas judiciales que apuntan a revertir las políticas de no colaboración local con las autoridades migratorias federales.
Una revisión realizada en cortes federales revela que el Departamento de Justicia ha presentado al menos 11 procesos legales contra ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, las cuales concentran gran parte de la población migrante del país.
Las demandas alegan que estas políticas han permitido que personas indocumentadas con antecedentes criminales evadan la custodia federal, representando —según los documentos oficiales— un riesgo para la seguridad pública. Uno de los casos citados ocurrió el pasado 19 de julio, cuando un agente de Aduanas fue atacado en Fort Washington Park, en Manhattan. El hecho, donde hubo intercambio de disparos y dos personas resultaron heridas, fue usado como argumento para señalar los efectos de no cooperar con las agencias migratorias.
El gobierno del expresidente y ahora aspirante Donald Trump ha sido uno de los principales impulsores de esta línea de acción, argumentando que las ciudades santuario obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Las autoridades locales, por su parte, han defendido estas políticas como una forma de proteger los derechos humanos, fortalecer la confianza entre comunidades migrantes y fuerzas del orden, y garantizar la seguridad sin recurrir a la persecución migratoria.
Mientras los procesos judiciales avanzan, se espera que la disputa escale en el ámbito político y judicial, en un contexto donde la migración volverá a ser un tema central en las elecciones presidenciales de 2026.
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