Un tribunal dictó sentencia de 141 años de prisión a diez integrantes del crimen organizado por su participación en desapariciones y homicidio, tras ser capturados en una finca conocida como rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
El lugar era presuntamente un centro de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero activistas denunciaron que también operaba como “centro de exterminio”: ahí fueron encontrados restos humanos calcinados y cientos de objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas.
Los detenidos fueron arrestados en septiembre, tras enfrentarse a policías y guardias nacionales. En el sitio tenían secuestrados a dos hombres y uno más fue hallado sin vida.
La Fiscalía de Jalisco ha reconocido que el sitio era un centro de adiestramiento criminal, aunque no ha confirmado aún las denuncias sobre restos humanos. Hasta ahora, más de 25 personas han sido detenidas en relación con este caso, incluyendo un alcalde y policías.
Este caso cobra especial relevancia en un país con más de 127,000 personas desaparecidas, muchas de ellas desde 2006, cuando se militarizó la estrategia antidrogas.
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