La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación de una política migratoria heredada de los años noventa que permitía ciertas exenciones a migrantes sin estatus legal en Estados Unidos.
La medida fue formalizada por la fiscal general Pamela Bondi, quien anuló una orden administrativa emitida durante la presidencia de Bill Clinton y firmada por la entonces fiscal Janet Reno, la cual había establecido una interpretación más flexible de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA) de 1996.
Esta normativa restringe el acceso a beneficios públicos únicamente a ciudadanos estadounidenses y migrantes con estatus regular. Sin embargo, durante casi tres décadas, se aplicaron exenciones administrativas que ahora han sido revocadas por completo.
“Las administraciones anteriores actuaron durante décadas para socavar los principios y limitaciones dispuestos por el Congreso a través de PRWORA—ya no más”, afirmó la fiscal Bondi.
La nueva directiva establece que no se otorgarán exenciones automáticas para migrantes sin documentos en programas federales, y que todos los criterios de PRWORA deberán aplicarse sin excepciones.
La Casa Blanca respaldó el cambio, el cual forma parte de una serie de acciones orientadas a limitar el uso de fondos federales en programas donde anteriormente se permitían beneficiarios fuera del marco migratorio legal.
La medida entra en vigor de forma inmediata y solo aplica a programas federales. No se especificaron los programas afectados ni se mencionaron competencias estatales o locales.
El Departamento de Justicia indicó que esta acción busca asegurar la “aplicación uniforme del marco legal aprobado por el Congreso”, eliminando interpretaciones previas que extendían derechos a personas sin estatus migratorio legal.
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